LOS ECLESIÁSTICOS Y LA RESISTENCIA A LAS REFORMAS EN EL SENO DEL ANTIGUO REGIMEN

Todo el mundo ha oído hablar de Mendizábal y su desamortización, pero no todos saben -porque la propaganda católica solo habla de lo que le interesa- que eso es solo una de las últimas fases de un largo proceso que supone una amortización previa.

Para que los no iniciados comprendan el alcance de este proceso, conviene aclara ciertos términos. Para empezar, digamos que por amortización se entiende el paso de la propiedad de un bien, generalmente tierras, a manos muertas. Las manos muertas son los poseedores de una finca, en quienes se perpetuaba el dominio por no poder enajenarla. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna.

Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda. Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación.

Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven, a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado. Si añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles.

Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras.

En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas...

En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado del estudio evidenciaba la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas "manos muertas" y pertenecían, en un porcentaje elevadísimo, a la Iglesia.

Se inicia entonces un proceso desmortizador que durará muchos años y contra el que la Iglesia desplegará todo su poder. Este proceso lo explica de manera magistral el prestigioso historiador Josep Fontana en el cap. 6 de su libro "La quiebra de la monarquía absoluta", parte del cual reproducimos seguidamente.

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LOS ECLESIÁSTICOS Y LA RESISTENCIA A LAS REFORMAS EN EL SENO DEL ANTIGUO REGIMEN

Éste es un tema de tal complejidad que resulta necesario pasar revista a sus antecedentes, aunque sea en unas pocas páginas. Me limitaré a apuntar las líneas esenciales de su evolución a lo largo del siglo XVIII. Movidos sobre todo por las necesidades crecientes de la Hacienda, los Borbones españoles trataron de conseguir que el clero de sus estados contribuyera en una forma regular. El problema está claramente planteado en los artículos 7º y 8º del concordato de 1737, especialmente en el 8º, donde se dice: Por ( ... ) razón de los gravísimos impuestos con que están gravados los bienes de los legos y de la incapacidad de sobrellevarlos a que se reducirían con el discurso del tiempo, si, aumentándose los bienes que adquieren los eclesiásticos (...), se disminuyese la cantidad de aquéllos en que hoy tienen los seglares dominio y están con el gravamen de los tributos regios, ha pedido a Su Santidad el Rey católico se sirva ordenar que todos los bienes que los eclesiásticos han adquirido desde el principio de su reinado, o que en adelante adquiriesen con cualquier título, estén sujetos a aquellas mismas cargas a que lo están los bienes de legos. El Papa concedió lo pedido y, de acuerdo con ello, se publicó en 1745 la instrucción que debía reglamentar la tributación de los eclesiásticos; pero todavía en 1760 tenía que quejarse Carlos III, al publicar una nueva instrucción, del atraso en que se hallaba la observancia del artículo 8 del concordato.

En un estado tan deficientemente centralizado como la España del Antiguo régimen, una cosa era dictar leyes desde la corte, y otra obtener que se cumplieran. Cuando estas leyes resultaban poco gratas a los privilegiados, que eran quienes de verdad controlaban la vida local, cabía esperar que no se cumplirían. No es posible sintetizar aquí la encarnizada lucha emprendida por los hombres del reformismo ilustrado, en especial durante el reinado de Carlos III, contra la marea ascendente de la amortización, que, unida a las exenciones fiscales de que gozaban las manos muertas, ahogaba el desarrollo económico de la agricultura española y limitaba el crecimiento de los ingresos del estado. Las leyes que representan las distintas etapas de este combate pueden verse en la Novísima Recopilación. Una buena exposición de los presupuestos ideológicos que las animaban, en el Tratado de la regalía de amortización de Campomanes, donde se explica con toda claridad cómo las exenciones de que disfruta el clero permiten a las manos muertas apoderarse de las tierras, en un proceso que provoca la ruina y la despoblación de los campos españoles. Los que fabricaron las casas que oy se arruinan y van hiermando en los lugares donde tienen actualmente sus grangerías las manos muertas y comunidades, activos eran, pues construyeron las casas, las tuvieron en pie y labraron las tierras, mientras fueron dueños de ellas. ¿Quándo empezaron a arruinarse sus casas, sino al punto que los grangeros de las comunidades fueron reduciendo a su dominio la hacienda raíz de muchos vecinos y reunieron en sí la labranza de todos éstos? Que, viéndose ya sin hacienda, se hicieron mendigos y dexaron caer la casa, por no series precisa, reducidos a tal miseria.

Una ojeada a las Memorias de la Real Sociedad Económica de Madrid basta para encontrar múltiples testimonios de que estas opiniones acerca de los males que producía la riqueza territorial de la Iglesia eran ampliamente compartidas. José Antonio Carrasco y Rivera, cura de Casar de Talamanca, en la provincia de Guadalajara, explica en 1790 de qué forma las comunidades religiosas aprovechan el monopolio virtual del comercio de los granos que les permite su doble condición de grandes propietarios y de perceptores de diezmos. Los que guardan los granos son los que por la naturaleza de su situación alejan del momento presente la necesidad, como son las comunidades, los cabildos y las iglesias. A ningún administrador le es lícito vender antes de los meses mayores de abril y mayo, que es quando ha desaparecido la concurrencia de los más necesitados, y que, solos, dictan la dura ley de la escasez aparente. Ramón de Pisón, de Santo Domingo de la Calzada, habla por las mismas fechas de "la esclavitud" en que los pueblos se encuentran respecto de las comunidades religiosas: Ya se sabe; en el pueblo pequeño, y aun mediano, en que se halla establecida una de estas comunidades, se la ve apoderada de lo más florido de las haciendas, y, si no ha adquirido algunas, las tiene gravadas con censos a su favor. Los vecinos jamás pueden levantar cabeza, ni la agricultura florecer. No citaré aquí las conocidísimas palabras que a este tema dedicó Jovellanos en su Informe en el expediente de ley agraria pero sí este breve y elocuente texto de sus Diarios, escrito en noviembre de 1791: Peleas de Arriba, lugar pobre por estar inmediato al monasterio [de Valparaíso], con aguas y proporcionado para ser rico.

A esta convicción de que la gran propiedad eclesiástica constituía un grave obstáculo para el progreso de la economía española, se sumaba la de que las órdenes religiosas habían dejado de cumplir incluso sus funciones "espirituales" y que se hallaban en un grado extremo de decadencia moral. Nada seria más fácil que acumular testimonios que demostrasen el relajamiento de la observancia en unas órdenes que habían obviado los inconvenientes del voto de pobreza con la ficción de que "el peculio" poseído y disfrutado individualmente por sus miembros pertenecía en realidad a la comunidad. Las historias de relajamiento, abusos, vicios e incluso crímenes abundan en estos años finales del Antiguo régimen, como tal vez en ningún otro momento de la historia eclesiástica española.

Para que hombres como Campomanes y Jovellanos, de cuya religiosidad no cabe dudar, pudieran plantearse sin escrúpulos de conciencia el problema de la riqueza del clero regular, había un factor adicional: el contraste que existía entre la opulencia de los conventos y la mísera situación de los párrocos de los pueblos, expoliados por los regulares y por las curias episcopales. Para señalar un solo ejemplo, recordemos el de los diezmos en el arzobispado de Tarragona: según Recasens, un 52 por ciento de los diezmos y primicias del arzobispado iban a parar al arzobispo y al capítulo de la catedral de Tarragona, cerca de un 25 por ciento iba a manos de laicos y un 12 por ciento a los monasterios de Poblet, Scala De¡ y Santes Creus. E incluso en el magro resto (poco más de un 10 por ciento del total) había partícipes tan ajenos al sustento de las parroquias del arzobispado como el obispo de Vic o el capítulo de Ibiza. La situación del clero secular era tan grave que en las cortes de 1820 se pudo hacer una patética exposición acerca de la miseria de los párrocos, y un diputado aseguró que cuatro mil pueblos hay en la Península sin su primer vecino, que es el cura.

Estos hechos les movían a afrontar el problema con sinceridad y sin inhibiciones. Y el problema era de extrema gravedad; afectaba a todo el país y no sólo a la Hacienda. El crecimiento de la producción agraria se encontraba frenado por la existencia de estas inmensas propiedades, que no habían podido adaptarse adecuadamente a las rápidas transformaciones de la agricultura a lo largo del siglo XVIII, suscitadas por la expansión económica y el alza de los precios agrarios. La agricultura monástica, frenada por la dificultad de que los frailes dirigiesen personalmente las explotaciones (debido a las prohibiciones legales y canónicas que les impedían residir fuera del convento) y por la ineficacia de su gestión, constituía un sector retardatario de la economía española. Y, dada la importancia de estas tierras de propiedad eclesiástica, el problema resultaba de enorme gravedad y podía considerarse como un serio obstáculo para el desarrollo económico a escala nacional.

¿Cuál era en realidad el poder económico de los eclesiásticos españoles? ¿Qué parte de la riqueza nacional se hallaba en sus manos? Se han hecho muchas estimaciones, pero el cálculo más razonable es, sin duda, el efectuado por Pierre Vilar, que resume así la participación del clero en la riqueza de las provincias de la corona de Castilla a mediados del siglo XVIII, partiendo de las cifras del catastro de Ensenada: Las tierras del clero producen aproximadamente la cuarta parte de los ingresos brutos de la agricultura, sus rebaños, la décima parte de los de la ganadería; el clero recibe casi las tres cuartas partes de las rentas hipotecarias y casi la mitad de los ingresos inmobiliarios y señoriales, entre ellos una cuarta parte de los alquileres urbanos. Y sintetiza su estimación diciendo: se puede creer que el clero percibe en España entre un sexto y un quinto de los ingresos globales.

Se comprende así que el estado, ante el aumento de sus gastos, haya intentado echar la carga de los tributos sobre esta parte tan considerable de la riqueza de la nación, que hasta entonces se le escapaba, gracias a sus privilegios y exenciones. Esto ha podido irse haciendo sin grandes resistencias hasta mediados del siglo XVIII pero hacia 1760 comenzaron a aparecer los primeros signos de resistencia activa, originados por el intento de poner en aplicación el artículo 8º del concordato de 1737, por el comienzo de ejecución práctica de la bula de 1749 que concedía a la corona los diezmos de novales, etc. Testimonio elocuente de esta resistencia es el Memorial ajustado ( ... )sobre el contenido y expresiones de diferentes cartas del rev. obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancáster, publicado en 1768. En él se recogen las quejas formuladas por el obispo, en 1766, respecto a la administración del excusado, a la aplicación de la bula novales y a la execución del artículo VIII del concordato de 1737, principalmente. El obispo de Cuenca afirmaba que España corría a su ruina y aseguraba que en la corte las gentes decían en alta voz: el reyno está perdido por la persecución de la Iglesia. Y todavía se expresaba más crudamente en otras ocasiones: Después que los fiscales y ministros de V.M. decía, dirigiéndose al rey se han dedicado a buscar arbitrios para gravar al estado eclesiástico, poner en egecución las gracias del Escusado y Novales (...), establecer la ley de amortización, exigir tributos de las manos muertas y minorar el número de las eclesiásticas (...), han hallado a su parecer medios copiosos y justificados para aumentar las rentas reales, y van consiguiendo que el pueblo trate al clero como a miembro podrido de la república, y a enemigo y tyrano de ella; pero en los seis años que hace empezó el reynado de V.M., y se puso en planta todo esto, ha permitido Dios (...) que los enemigos de la Iglesia se apoderasen de la importante plaza de La Habana, que se ceda a los hereges parte de los dominios católicos, que hayan caído en sus manos las copiosas flotas y rentas de Indias, que se destruyan muchas naves sin operación, que se consuma el ejército quasi en el propio país, sin batallas; que se alboroten los pueblos y esté desahogada la plebe, que el reyno se halle sin la suficiente defensa, que la nación española sea ludibrio de sus enemigos.... La causa de todo ello no puede ser la corrupción de las costumbres, ya que en otros tiempos la ha habido y, sin embargo, Dios no se ha manifestado tan ofendido. Son otra clase de pecados, que irritan más a su justicia y le ofenden en lo que no suele reservar su castigo a la otra vida. Éstos son, señor, los que se cometen contra el santuario y ministros de la Iglesia, al pretender cobrarles impuestos como a los demás ciudadanos del país.

Coincidiendo precisamente con esta etapa de aumento de la presión fiscal sobre el clero, tuvo lugar en Barcelona, en 1760, la constitución de una especie de unión de las comunidades de regulares para defender sus intereses económicos en el plano político. Se trataba, por una parte, de reclamar acerca del atraso en el pago de pensiones de los censales del municipio de Barcelona y de la antigua Generalidad, pero se tratará también, desde el primer momento, de defenderse contra las exigencias fiscales del gobierno. A la asociación, que subsistirá hasta 1833, pertenecían casi todos los conventos de Barcelona y algunos grandes monasterios de las proximidades, como los de San Jerónimo de Hebrón, de la Murtra y de Montealegre; sus reuniones se celebraban en el convento dominico de Santa Catalina.

Josep Fontana - "La quiebra de la monarquía absoluta" - Ed Crítica, S.A. - Col. "Biblioteca Historia de España". - 462 págs. - ISBN: 84-473-45-58-0