EL PROCEDIMIENTO INQUISITORIAL.

El procedimiento inquisitorial se fundamenta en la doctrina jurídica y en la práctica de los tribunales. Responde a un ordenamiento jurídico especial y está sujeto a pocas leyes dentro del marco del procedimiento penal de la época.

A) Características del procedimiento inquisitorial

A.1) El procedimiento inquisitorial es una excepción al procedimiento ordinario civil e incluso al criminal En líneas generales es una excepción al procedimiento ordinario, pero aún así y debido a la escasez de normas del procedimiento inquisitorial, tanto los Inquisidores como los tratadistas llegan a la conclusión de que todas aquellas cuestiones no reguladas por las Instrucciones o por una Carta Acordada, deberán resolverse conforme a las disposiciones del procedimiento ordinario, siempre que no vayan en contra de los principios del Derecho inquisitorial ni del Tribunal de la Fe.

A.2) Es un procedimiento sumario que no está sujeto a formalismos El proceso inquisitorial no está sometido a los requisitos que se exigen en el procedimiento ordinario, y así, por ejemplo, los tribunales inquisitoriales pueden actuar en días feriados a diferencia del resto de los tribunales. Además los tribunales de la Inquisición no se encuentran sujetos a la formalidad de conclusión de la causa, por lo que siempre que el reo solicite alegar algo en su defensa, en cualquier momento del proceso, se le prestará la oportuna atención.

A pesar de que el procedimiento inquisitorial no está sujeto a los mismos requisitos del procedimiento ordinario, no por ello podemos deducir que la forma de proceder de los tribunales inquisitoriales sea del todo arbitraria, sin estar sujeta a ningún tipo de formalidades. Dentro de ellas cabe destacar la citación del reo o a sus herederos, prestar adecuadamente los juramentos que se exigen tanto al reo como a los testigos, dar término a las partes y la necesidad de que el reo, si es menor de edad, declare bajo la presencia de su curador.

A.3) Su objetivo primordial es descubrir la herejía: que el acusado confiese, se convierta y finalmente sea castigado. Para iniciar el proceso inquisitorial es necesario que existan motivos suficientemente fundados de estar ante un caso de herejía. La dificultad que para los tribunales inquisitoriales supone el probarla, provoca que cuenten con el apoyo de dos inquisidores, uno teólogo y otro jurista y en algunos casos los dos juristas. Los inquisidores deben utilizar todos los medios que estén a su alcance para descubrir la verdad, gozando además de plena libertad para el ejercicio de sus fun- ciones. Dentro de ellas se encuentran las de revisar y analizar los documentos, libros y pertenencias del reo, con el fin de demostrar si realmente ha cometido herejía.

Cuando el reo muere en el transcurso del proceso, éste no se suspende sino que continúa hasta la sentencia. De esta manera si la herejía se considera probada, y el reo ha fallecido y está enterrado, el tribunal puede ordenar el desenterramiento de los restos, llevándolos al auto público junto con la estatua del reo, con la finalidad de proceder después a la quema de los mismos hasta convertirlos en cenizas.

Si se consigue probar que hay herejía o indicios o sospechas de la misma, la Inquisición tendrá como objetivo primordial que el acusado confiese. La confesión es la prueba principal y definitiva en el proceso. Cualquier persona que hubiera cometido un delito contra la fe, debía confesarlo y arrepentirse. En relación con la confesión podían suceder dos cosas: primero, que el reo se resista a confesar, siendo por ello considerado negativo; y segundo, que, habiendo confesado, se niegue al arrepentimiento, como los pertinaces. En ambos casos, y para garantizar la ortodoxia, cualquier medio se consideraba válido para demostrar la culpabilidad del reo. Así el uso de la coacción resulta frecuente y los juristas del Santo Oficio aconsejan que se recurra a la tortura, y no al tormento, es decir, que se intente destrozar el espíritu del procesado a través de sufrimientos adicionales no admitidos por el derecho. En algunos casos el tribunal hacía uso de la coacción espiritual, como la de privar al reo de los consuelos de la religión, no dejarles oír misa, o impedirles la asistencia a ningún oficio ni ceremonia religiosa. Esta ausencia de apoyo espiritual provocaría en algunas personas la necesidad de confesar.

Una vez que el reo ha confesado, procede la imposición de la pena de acuerdo con el delito cometido. Se establece una distinción entre pena ordinaria y penas arbitrarias. Aquella sería la que impone como castigo la pena de muerte, mientras que las últimas corresponderían al resto de penas o penitencias. El reo tenía la posibilidad de librarse de la pena de muerte siempre y cuando fuese la primera vez que delinquiera, se arrepintiese y confesara su delito, siéndole aplicadas en estas circunstancias las arbitrarias. Sólo en el caso de que el reo no se arrepintiese, persistiera en la herejía y hubiese sido condenado con anterioridad, quedaba sometido a la aplicación de la pena ordinaria por la justicia secular.

A.4) Es un proceso que se rige por el secreto.- El secreto es una característica fundamental del proceso inquisitorial, y se justifica para evitar las venganzas personales contra testigos. El secreto provoca un desconocimiento total, por parte del acusado, de los motivos de su encarcelamiento, lo que le dificulta poder defenderse.

El secreto fue impuesto en todos los tribunales de la Inquisición española tanto en la Península como en Italia y América, y era exigido bajo juramento. Cabe destacar cómo, después de pronunciada y publicada la sentencia, e incluso después de haberse procedido a la abjuración, se obligaba al reo a prestar juramento y guardar secreto de todo aquello que le había acontecido en las cárceles.

En el procedimiento inquisitorial, guardar secreto era obligatorio para todas las personas: testigos, abogados, familiares, reos, etc., no existiendo así la posibilidad de que se mantuviera ningún contacto entre testigos y reos.

B) Fases procesales

El procedimiento inquisitorial no estaba sometido a los actos procesales del procedimiento ordinario. Era dejado, en gran medida, al arbitrio judicial. No obstante, dentro de él podemos distinguir las siguientes fases: una inicial, otra intermedia y la final.

B.1) Fase inicial En los diferentes tribunales el procedimiento comienza con la denuncia o acusación presentada por particulares y, en su defecto, de oficio por el juez. Según las Instrucciones, la forma de proceder de los diversos tribunales debía ser uniforme, aunque, en la práctica, a veces no se respetó este principio.

Las formas para iniciar el procedimiento eran por acusación, por denuncia o por inquisición.

B.1.1) Acusación.- El proceso se inicia por acusación cuando una persona imputa a otra el crimen de herejía en presencia del inquisidor. Cuando se trataba de un proceso por acusación, el acusador era parte del proceso y por tanto sobre él recaía la carga de la prueba. En los primeros tiempos de la Inquisición, en caso de que la acusación no pudiese ser probada, el acusador quedaba obligado a sufrir la pena que hubiese correspondido al acusado. Sin embargo posteriormente y según afirma la doctrina, debido a la abolición de la pena del talión, el acusador quedaba exento de recibirla, bastando entonces con castigarle como si hubiera proferido un falso testimonio.

B.1.2) Denuncia .- En el inicio del procedimiento mediante denuncia, la persona se limita a poner en conocimiento de los inquisidores la existencia de unos delitos. Esto es suficiente para que se incoe el proceso penal por parte de los jueces. En la denuncia, el denunciante no forma parte del proceso y, por este motivo, queda exento de tener que presentar cualquier prueba. Cualquier persona podía denunciar y podía hacerlo oralmente o por escrito ante la presencia del notario del Santo Oficio, con las alegaciones pertinentes, y los nombres y apellidos de la parte denunciante.

Una vez que el inquisidor recibía la denuncia, debía informarse de los motivos de la misma, así como obtener del denunciante el juramento previo sobre los Santos Evangelios acerca de ser verdad lo contenido en ella. El inquisidor se encargaba, en presencia del notario, de llevar a cabo un detallado interrogatorio relativo a las circunstancias del delito. Redactada la denuncia por el secretario del tribunal, el denunciante debía firmar si estaba de acuerdo con su contenido. En el caso de no saber escribir, podía hacerlo el inquisidor en su nombre. La función procesal del denunciante terminaba con la presentación de la denuncia, ya que, al no ser parte en el proceso, éste proseguía por el juez o por el fiscal.

B.1.3) Inquisición.- Este procedimiento se inicia de oficio por el juez sin intervenir acusador o denunciante. Los tratadistas distinguen entre la inquisición general y la especial.

En la inquisición general el inquisidor desconoce quién es el sospechoso. En tales casos, el juez solamente tiene conocimiento directo y concreto de la existencia de la irregularidad herética o hecho delictivo. Esta inquisición tenía como finalidad el descubrir a los herejes. Hay tres supuestos que motivan su existencia: cuando hay rumores de herejía en una determinada ciudad; en las visitas anuales de los obispos a sus diócesis o de los inquisidores a los lugares de su circunscripción; y cuando se establece la Inquisición en una determinada localidad y los inquisidores comienzan a ejercer su oficio. En este último caso, por medio del llamado "Edicto de Gracia", se abre un plazo de treinta a cuarenta días, durante los cuales los fieles tienen la posibilidad de autodenunciarse. De esta forma obtenían la reconciliación con la Iglesia, no sufrían castigos duros y quedaban excluidos de la imposición de la pena de muerte, cárcel perpetua o confiscación de bienes.

Según la Instrucción de 1484, aunque los bienes no les eran confiscados, recaía sobre los infieles denunciados la imposición de penitencias pecuniarias, siempre que la confesión se realizase durante la vigencia del "Edicto de Gracia" y cuando la reconciliación con la Iglesia fuera verdadera. Se beneficiaban de este "Edicto de Gracia" tanto los hombres como las mujeres herejes, apóstatas, o sospechosos de herejía que voluntariamente decidían confesar en ese período de tiempo. Una vez puesto en marcha el procedimiento, seguía con las confesiones, tanto de palabra como por escrito, hechas por los reos ante los jueces inquisidores y en presencia del notario. En la Inquisición especial, el juez conoce la persona autora del delito a través de indicios legítimos, presunciones o sospechas probables de herejía y actúa contra él, con la finalidad de castigarlo.

El notario era el encargado de levantar acta de todo lo tratado ante la presencia de dos personas honestas.

El juez inicia de oficio el proceso cuando llega a su conocimiento la existencia de un hecho delictivo, ordenando al escribano la apertura por inquisición. Iniciado el juicio, el juez procede inmediatamente a realizar una información sumaria con el fin de esclarecer el acto delictivo y aprehender a los autores. Si en la información se encontraban indicios de culpabilidad por parte del reo, el juez dictaba mandato de prisión y embargo de bienes.

B.2) Fase intermedia

Para que se inicie el proceso de fe, y con ello la actuación de los tribunales, no basta con la mera acusación, denuncia o inquisición. Es necesario fundamentarlas. Para ello el inquisidor, mediante el interrogatorio hecho a los testigos, obtiene la información necesaria.

Son cinco las personas que debían estar presentes en el momento de examinar a los testigos. La primera es el juez. Su interrogatorio podía ser oral o por escrito, y siempre realizado de una manera prudente y con gran cautela. La segunda es el denunciado, el cual bajo juramento guardaba secreto de todas las preguntas que le eran efectuadas. La tercera es el encargado de transcribir tanto las preguntas del inquisidor como las respuestas del testigo. En la mayoría de los casos era el notario y, en su defecto, podían ser dos religiosos. La cuarta es el inquisidor asistente y, como quinta y última, el testigo examinado. El examen de los testigos debía realizarlo el inquisidor. En el acta del proceso y debajo de cada testimonio debía dejarse un lugar en blanco para la posterior ratificación. Era necesario determinar y distinguir la herejía de la sospecha de herejía. Para ello los inquisidores contaron, en algunos casos, con la ayuda de calificadores que eran teólogos presuntamente sabios y honestos, los cuales daban su parecer y firmaban con sus nombres.

Cuando el inquisidor tenía conocimiento de estar ante una manifestación herética, ordenaba al fiscal que formalizara la correspondiente denuncia solicitando el encarcelamiento del denunciado. Existiendo acuerdo entre los jueces y reforzados éstos por los consultores en los casos difíciles, decretaban orden de prisión. Si por el contrario había discrepancia, transmitían la causa al Consejo para que éste tomara la decisión pertinente.

La orden de prisión podía ser decretada en cualquier momento, y era firmada por los inquisidores sin explicar al acusado la causa de su encarcelamiento. Cuando había cómplices, el mandato de captura era individual; así se mantenía en secreto el nombre de los demás. La ejecución del mandato de prisión debía ser efectuada por el alguacil, y conllevaba el secuestro de bienes siempre y cuando la prisión fuese por herejía formal. El auto de prisión se tenía que añadir al proceso, y en él constaba el día, y a quien se entregó.

Tanto en el arresto como en el secuestro de bienes, el alguacil era acompañado por el receptor y el escribano de secuestros, los cuales se encargaban de hacer inventario de todas las pertenencias del reo. Estas actuaciones incluían la fecha, con día, mes y año, y debían ser acompañadas de la firma del alguacil y secuestrador. El alguacil prohibía al encarcelado la comunicación de palabra o por escrito con otras personas, e incluso con los otros presos, con la excepción de religiosos o clérigos.

Los inquisidores, en el momento que estimaban conveniente, recibían en audiencia al reo. En el interrogatorio de esa primera audiencia, se le hacen preguntas claras y generales acerca de sí sabe la razón de su prisión, sobre su genealogía, oficio, lugares de residencia, estado civil, y si él o alguno de su familia ha estado encarcelado alguna vez por la Inquisición.

Las preguntas efectuadas por el inquisidor al reo tenían que ser prudentes y siempre en relación con los artículos de la acusación. El reo era amonestado tres veces para que confesara la verdad, en días diferentes, sin que fuera advertido del contenido de la acusación.

Cada vez que el acusado deseaba manifestar algún dato de importancia, en relación con la confesión de sus delitos, le era concedida audiencia extraordinaria. Concluidas las audiencias, si no había confesado a satisfacción de los inquisidores, se procedía a presentar la acusación por el promotor fiscal, en la cual eran recogidos todos los cargos. Si el acusado es menor de edad, antes de responder a la acusación, le asignan curador, que podía ser el mismo abogado u otra persona de confianza. Notificada la acusación, el reo debe responder a cada uno de los capítulos. Para la defensa del reo le era nombrado un abogado. Ambos consultaban sobre la veracidad y conformidad de la acusación, siempre en presencia de los inquisidores y del notario que levantan acta de lo tratado. El escrito de la acusación debe terminar con la firma del Fiscal. A su vez, el letrado recibe una copia de esa acusación, a la que responde presentando un escrito de alegaciones, cuyo fin es mostrar las excepciones de derecho necesarias para conseguir una sentencia absolutoria. Tras este acto procesal de la contestación, se abría la fase probatoria, en la cual tanto el promotor fiscal como el acusado ratifican su acción anterior, y solicitan la comunicación e informe de las pruebas.

Según la categoría de las pruebas, existe la diferenciación entre testificales y documentales. Las primeras eran obtenidas de las declaraciones de los testigos, y eran guardadas en secreto durante todo el proceso. Los testigos debían ratificar sus testimonios, ante los jueces o un comisario 24 horas después de haberlos presentado. La prueba documental generalmente no constituía prueba plena, sino sólo semiplena, aunque respecto al delito de herejía se consideraban de suma importancia los escritos del reo.

Después de estas actuaciones probatorias, el proceso continuaba con la publicación de la ratificación de la prueba testifical. La publicación contenía íntegramente las declaraciones de los testigos. El acusado debía de responder a todas las actuaciones de forma oral, bajo juramento y capítulo por capítulo. El abogado, una vez que tiene conocimiento del contenido de la acusación, consulta con el acusado para preparar convenientemente la defensa. Ante la petición de papel para la escritura de la defensa se facilitaba un número de pliegos numerados y firmados por el notario.

Las principales pruebas que suelen ser aducidas son:

— Negar simplemente la acusación, ya que cuando se cometió el delito el reo se encontraba en otro lugar.

— Recusar al juez cuando existen motivos suficientemente graves, como puede ser la enemistad personal entre él y el reo.

— Presentar testigos que demuestren y garanticen que el acusado es un buen cristiano. No se aceptan por los Inquisidores los familiares, los criados, ni aquellas personas que tengan con él una relación personal. El interrogatorio al que se somete a estos testigos deberá ser formulado por el fiscal.

— La tacha de los testigos de la acusación por ser enemigos del reo. Se tiene que demostrar que los testimonios de la acusación no son fiables.

— Alegación de circunstancias atenuantes y eximentes.

Finalizada la fase probatoria, son comunicadas al reo y a su abogado las declaraciones de los testigos, sin que en ellas consten los nombres de estas personas. Después de recibir el informe del abogado, y si el reo no hace petición alguna, la causa se da por concluida.

B.3) Fase final.- Concluida la fase probatoria, si el reo o los inquisidores no consideran necesario nuevas pruebas, entramos en la fase llamada decisoria o final que consta de la consulta de fe y de la publicación de la sentencia.

En la consulta de fe, el ordinario del lugar y los consultores del Santo Oficio, con la ausencia del fiscal, proceden al examen y conocimiento íntegro del proceso. Todos ellos votan dando su parecer. El orden de la votación es el siguiente: En primer lugar actúan los consultores, los cuales emiten un dictamen estando obligados a guardar secreto de todo lo concerniente al proceso. Los inquisidores debían dejar a los consultores que decidieran con toda libertad. En segundo lugar actuaba el ordinario que podía votar o negarse a ello. Y en tercer lugar, los inquisidores, que daban su parecer en presencia de los consultores y el ordinario. Cuando en la votación no había acuerdo entre el ordinario y los inquisidores, el Consejo intervenía dando su parecer. También ocurría lo mismo en los casos graves aunque no hubiera discordia. Si los consultores discrepaban del ordinario y de los inquisidores, se ejecutaba el voto de éstos últimos. Toda votación efectuada era anotada por el notario en el registro de votos. Tras esta anotación, se procedía a la publicación de la sentencia, la cual tenía que ser redactada por escrito sin dar a conocer el nombre de los testigos. La sentencia no pasaba nunca a cosa juzgada, y en cualquier momento podía ser reformada.

C) CLASES DE SENTENCIAS

Hay sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. A su vez, ambas se subdividen en los tipos que mencionaremos a continuación.

C.1) Sentencias interlocutorias.- Son sentencias interlocutorias aquellas que no se refieren al objeto principal del proceso, sino a cuestiones secundarias en relación con él. Estas sentencias aparecen antes que las definitivas, de forma breve, y sin interrumpir el procedimiento. Escasas son las referencias que los autores, tanto clásicos como modernos, hacen de las sentencias interlocutorias, con una única excepción, la de Segismundo Scaccia. Este autor destaca las diferencias existentes entre esas sentencias interlocutorias y las definitivas, atendiendo a la controversia, orden judicial y ejecución de la sentencia.

Con respecto a la controversia, la sentencia definitiva la resuelve mediante la absolución o condena, mientras que las interlocutorias, al ocuparse de cuestiones emergentes o incidentales, no resuelven esa cuestión principal. La segunda diferencia se refiere al orden judicial. La sentencia definitiva debe guardar la forma establecida a la hora de ser dictada, es decir, que la sentencia sea por escrito y con pena pecuniaria; de no ser así se podría producir su nulidad. En cambio, las sentencias interlocutorias también son pronunciadas por escrito, pero sin multa. La tercera se basa en la obligatoriedad de la ejecución de la sentencia que sólo recae en las definitivas.

Entre las sentencias interlocutorias cabe destacar las de tormento y las de prueba.

C.1.1) Sentencias de tormento.- Esta sentencia puede llevar al equívoco de considerarla como definitiva, si pensamos en el tormento como la pena o castigo que resuelve el juicio. Nada más lejos de la realidad. Las sentencias de tormento imponen la tortura como elemento probatorio para descubrir la verdad de la acusación que se formula al reo. Su justificación está basada en que las pruebas existentes no aparecen como suficientes para llegar a una resolución del asunto litigioso. En conclusión, no se puede considerar que la tortura sea un castigo sino más bien un medio de prueba.

Estas sentencias se dictan cuando el delito está semiplenamente probado, o cuando existen indicios contra el reo que no ofrecen lugar a dudas sobre su futura condena. En tal situación se pronuncia sentencia de tormento, aplicada conforme al derecho, buena conciencia y arbitrio de los jueces, con la intención de descubrir la verdad.

Pronunciada la sentencia de tormento, puede ser apelada por el reo al considerarla injustificada y carente de indicios legítimos. Si realmente no hay duda y el perjuicio es irreparable, se concede la apelación solicitada, pero si por el contrario la sentencia de tormento resulta estar suficientemente justificada, la apelación se considerará frívola y se procede inmediatamente a la ejecución del tormento.

En todas las sentencias interlocutorias o interpelaciones pronunciadas por los jueces se permite la apelación si no aparece suficientemente probado que los reos sean herejes.

Para interponer la apelación de una sentencia interlocutoria es requisito indispensable que esté suficientemente motivada, por lo que es necesario detallar cada una de las causas en las que se basa. Si se omite esta justificación, carece de validez. Es más, para que puedan ser admitidas, las causas deben ser justas, ya que de no ser así, nunca serán aceptadas.

C.1.2) Sentencias de prueba.- El carácter interlocutorio de estas sentencias reside en que no resuelven la cuestión principal, ni imponen pena alguna al ser pronunciadas. La característica principal estriba en que el promotor fiscal solicita al tribunal que las declaraciones del acusado sean sometidas a prueba. Esta solicitud expresa la disconformidad del promotor fiscal con las citadas declaraciones, dado que en ellas el acusado no reconoce los hechos imputados. Su aparición durante el proceso se sitúa justamente en el momento anterior a formular la sentencia definitiva, cuando los inquisidores dan por concluida la causa y ordenan recibir a prueba a las partes. Tanto el fiscal como el reo podían, una vez que habían recibido esta sentencia, alegar lo que considerasen oportuno, de tal manera que el fiscal detallaba las declaraciones de los testigos así como las pruebas obtenidas contra el reo en el proceso o en los registros y escrituras del Santo Oficio. Por ello pedía que fuesen examinados los testigos, y que éstos ratificasen sus declaraciones siempre en la forma establecida en derecho, que los inquisidores realizaran todas las diligencias necesarias para descubrir la verdad, y que una vez hecho todo esto se procediera a la publicación del nombre de los testigos. El reo tenía la posibilidad de alegar lo que considerase oportuno antes de que el fiscal diera paso a esta publicidad de testigos que deponían contra él.

En las sentencias de prueba diferenciamos dos tipos: las de prueba con término y sin término. Tal distinción dependía de que el tribunal estableciera o no un plazo para recibir la prueba de las partes. Consideramos sentencias sin término aquellas en las que el tribunal no establece plazo para que las partes, acusado y fiscal, conozcan y respondan a lo alegado por la otra parte y por los testigos. De esta manera la prueba se recibe de inmediato: Los dichos señores Inquisidores dixeron, que avian y huvieron esta causa por conclusa, y fallavan que devian de recibir y recibian a ambas partes a la prueva, salvo iure impertinentium, et non admittendorum, segun estilo del Santo Oficio: lo qual fue notificado a ambas las dichas partes (García, 1591, p. 17-18, instrucción 23).

La sentencia de prueba con término se da cuando el tribunal establece un plazo para la excepción de esa prueba.

C.2) Sentencias definitivas.- Las sentencias definitivas componen el otro gran bloque de sentencias inquisitoriales. Al pronunciarse provocan la condena o absolución del acusado. Podían ser absolutorias o condenatorias. Las primeras dan lugar a la absolución del procesado. En estas sentencias el tribunal descubre que el acusado de herejía no es culpable de aquello de que se le acusa. Esta absolución puede producirse también como consecuencia de que la acusación presentada contra el reo no ha sido probada. Cuando se pronuncia una sentencia de absolución, no se debe mencionar en ella la inocencia del acusado, salvo en situaciones concretas como en los casos de falsedad en la acusación o en las declaraciones de los testigos, y siempre que haya constancia de manifiesta inocencia. Este tipo de sentencias son las que se denominan sentencias de absolución. También destacamos la existencia de otras sentencias llamadas absolutorias de la instancia, las cuales no garantizan la absolución total del reo, sino que en cualquier momento que aparezcan indicios o sospechas de herejía sobre él, permiten que el proceso sea iniciado de nuevo. Por ello la sentencia absolutoria de la instancia no concede al reo una absolución con las mismas consecuencias que si se tratase de un inocente.

Las sentencias condenatorias son, como es obvio, las que condenan al reo. Condena que podía ser de mayor o menor intensidad, en razón del delito cometido, y dependiendo las circunstancias agravantes o atenuantes, de ahí que exista una gran variedad de este tipo de sentencias.

Las condenatorias debían dar a conocer todos los errores de los que el reo era acusado, así como el tiempo transcurrido desde que inició la comisión de los delitos de herejía. En el caso de que el reo sea relapso o impenitente, habrá de ser entregado a la justicia y brazo seglar.

Entre las sentencias condenatorias las más importantes son las de reconciliación y las de relajación.

C.2.1) Sentencias de reconciliación.- Estas son pronunciadas cuando el hereje se convierte a la fe católica de puro corazón y con fe no fingida, y abjura de los errores de los que es acusado. Si por el contrario la conversión del reo es simulada y no verdadera, será condenado a pena de cárcel a perpetuidad, y queda sometido a sentencia de excomunión. Es requisito indispensable para que se pronuncie sentencia de reconciliación que el reo en sus confesiones muestre señales de arrepentimiento. Este arrepentimiento lo observamos cuando pide a Dios perdón de los pecados que ha cometido; solicita de los inquisidores misericordia para que no le castiguen duramente; afirma que, desde ese momento, quiere vivir y morir en la fe católica; está dispuesto a cumplir cualquier penitencia que le sea impuesta; y cuando adquiere el compromiso de obedecer todo aquello que los inquisidores ordenan y abjura de sus errores. Las personas condenadas a reconciliación eran sacadas al tablado con hábito penitencial de color amarillo, con dos aspas coloradas de San Andrés, y una vela de cera en las manos. Tras la lectura de la sentencia, el acusado debía abjurar públicamente de sus errores. Le podían condenar a llevar el hábito encima de las vestiduras, a cárcel perpetua y a penitencias espirituales como oír misa y asistir a las romerías. Normalmente las personas reconciliadas quedaban inhabilitadas para ejercer cualquier tipo de oficio público. Estas penitencias tenían que ser cumplidas, advirtiéndose al acusado que si vuelve a caer en herejía será condenado como relapso y entregado a la justicia y brazo seglar.

C.2.2) Sentencias de relajación.- En el gran grupo de sentencias condenatorias destacan las de relajación. La Inquisición, al pronunciarlas, declara que los reos son herejes, demostrando que su conversión no ha sido sincera. Asimismo les condena y separa de la Iglesia, dejando la ejecución de la sentencia a la competencia exclusiva del juez secular. En España el cumplimiento de esa ejecución era obligatorio para la justicia seglar: Otro si, juramos y prometemos, que cada y quando que por vosotros los dichos señores Inquisidores, o qualquiera de vosotros nos fuere mandada executar qualquiera sentencia, o sentencias contra alguna, o algunas personas de los susodichos, sin ninguna dilacion lo haremos y cumpliremos, segun y de la manera que los sagrados Canones y leyes, que en tal caso hablan, lo disponen: y que assi en lo suso dicho como en todas las otras cosas que la Santo Oficio de la Inquisición pertenecieren, seremos obedientes a Dios, y a la Iglesia Romana, y a vosotros los dichos señores Inquisidores, y a vuestros sucessores, segun nuestra posibilidad, assi Dios nos ayude, y estos santos quatro Evangelios que con nuestras propias manos tocamos: y si lo contrario hizieremos, Dios nos lo demande, como a malos Christianos, que a sabiendas se perjuran, Amen (García, 1591, p. 75).

Existían varias causas para determinar la relajación: una de ellas la contumacia del hereje y la persistencia en defender sus errores; otra, cuando el reo era negativo y calificado como impenitente, ya que insistía en negar su herejía; y la más frecuente era la reincidencia en la herejía, por la que se condenaba al acusado a la pena ordinaria sin esperanza de ser perdonado. En este último caso el reo era calificado como relapso, palabra que significa quien cae de nuevo. La calificación de relapso se daba si tras abjurar de vehementi de una herejía, era reincidente en ella. El condenado a pena ordinaria era entregado al corregidor y al lugarteniente de la ciudad en la que la sentencia era pronunciada, solicitándoseles que trataran a los reos con piedad. La sentencia acarreaba la confiscación de los bienes del reo a contar desde el día en que comenzó a delinquir.

La Inquisición española reconocía al condenado a pena ordinaria la posibilidad de arrepentirse. Las Instrucciones de 1484 establecen que para que el acusado pudiera tener derecho a clemencia, debía exigirse el arrepentimiento antes de dictar sentencia definitiva3. Aún así, si los inquisidores advertían que ese arrepentimiento había sido fingido y la conversión no era verdadera, tenían potestad para declararlos impenitentes y relajarlos a la justicia y brazo seglar.

Con el tiempo el límite establecido para que el reo confesara o se arrepintiera fue ampliado hasta el momento mismo de la lectura de la sentencia. De esta manera los reos que iban a ser relajados podían confesar sus delitos en el mismo tablado donde eran leídas las sentencias, aunque en la práctica este proceder debió ser aceptado en escasas ocasiones pues se sospechaba que la conversión se hacía más por temor a la muerte que por verdadero arrepentimiento. Los procesos en los que el reo se arrepentía antes de la lectura de la sentencia eran normalmente suspendidos.

Además de lo dicho, y en atención tanto a la forma de redacción como a la gravedad de las penas, cabe diferenciar las sentencias con méritos y sin méritos.

C.2.3) Sentencias con méritos.- Este tipo se sentencias son las que dan a conocer en su contenido detalles de las etapas del proceso. En ellas se describe claramente tanto los delitos probados, como los confesados por el reo. Por regla general son sentencias muy amplias, existiendo casos en que esa extensión es verdaderamente llamativa.

Las sentencias con méritos comienzan con una exposición completa de las partes que intervienen en el juicio y las características personales de cada uno. Por ello, al reo se le pregunta acerca de su genealogía y si alguno de sus familiares ha sido procesado con anterioridad por el Santo Oficio. Las penas impuestas son normalmente más duras que las impuestas en las sentencias sin méritos.

4. Sentencias sin méritos.- A diferencia de las anteriores, las sentencias sin méritos no trascriben en el Visto los delitos que han dado origen a la causa de fe, ni las actuaciones procesales que se han llevado a cabo durante el proceso. En él se limitan a reconocer brevemente la existencia de la causa criminal y las partes intervinientes. La lectura de ellas, en la mayoría de los casos, se realiza en la cámara de audiencia.

D) REQUISITOS DE LA SENTENCIA

D.1) Texto escrito.- Las sentencias tenían que ser redactadas por escrito, pues en otro caso eran consideradas nulas. Tal exigencia afectaba tanto a las definitivas como a las interlocutorias. En la Inquisición española no hubo criterio fijo sobre si debían estar redactadas en latín o en la lengua materna. En Italia, en cambio, tanto las sentencias civiles como las criminales, solían redactarse en latín, ya que las leyes y los sagrados cánones estaban escritos en esa lengua.

D.2) Pronunciamiento.- Escrita la sentencia se procedía a su lectura. El momento elegido era la finalización del sermón. El sujeto encargado de ello era el inquisidor, pero a veces, y como apunta la doctrina, aunque los jueces estuvieran obligados por el mismo derecho a leer las sentencias, había casos en que se concedía esta facultad a otras personas ilustres. Es de resaltar que, previamente a la lectura en sí misma, el inquisidor daba una explicación previa sobre todos los actos realizados durante el transcurso del proceso. El pronunciamiento de las sentencias podía tener lugar en auto público o en auto particular.

Cuando la sentencia era leída en auto público se desvanecía en cierto modo el silencio impuesto por la Inquisición. Los inquisidores divulgaban a todo el pueblo, a través de un pregón, la celebración del auto de fe. Antes de proceder a su celebración, el reo era citado un día a una hora determinada con la finalidad de que pudiese escuchar por sí mismo la sentencia.

Con la lectura de las sentencias, en el auto público de fe se mostraba ante el pueblo el poder del Santo Oficio, exaltándose a la vez la importancia de la religión cristiana. En estos autos públicos la Inquisición no perdía ocasión de pregonar y exagerar tanto sus altos deberes, como la gravedad de la culpa merecedora del castigo impuesto. El auto público se celebraba normalmente en la plaza mayor de la ciudad, donde eran instalados unos cadalsos de madera. El acusado estaba presente en forma de penitente, llevando consigo las insignias correspondientes al delito cometido.

Las sentencias que debían ser leídas en auto público eran siempre las de reconciliación y las de relajación. En las primeras se amonestaba el hereje para que se convirtiera. Una vez amonestados, todos aquellos verdaderamente convertidos eran trasladados a las cárceles. En caso contrario y sí persistían en su impenitencia, se procedía a la lectura de la sentencia y eran entregados al juez secular para ser relajados. La otra forma de lectura de la sentencia era en auto particular. El sitio elegido generalmente solían ser las iglesias o la cámara de audiencia. Cuando en la consulta de fe se acordaba que la sentencia fuera leída en auto particular, el reo quedaba exento del escándalo o la publicidad que le hubiera supuesto su presencia en auto público. Normalmente las personas que gozaban del privilegio de no ser públicamente castigados eran los sacerdotes. Pero aún así, hay procesos en los que debido a la gravedad del delito, como la sodomía, el acusado, aunque fuese sacerdote, no quedaba libre de la publicidad de la sentencia.

Podía ocurrir, y de hecho era bastante frecuente, que en el mismo texto de la sentencia se diera opción a que la lectura de la misma se realizara en auto público o privado.

En relación con la posibilidad de apelación, observamos diferencias entre las dos clases de sentencias. Las leídas en auto particular, permitían al reo interponer apelación en el mismo momento en que le eran comunicadas. En cambio las leídas en auto público, aunque también permitían al reo apelar en el momento de la lectura, el escrito correspondiente de apelación no era presentado durante la celebración del auto, sino después de que el reo recibiese por escrito la sentencia. En conclusión, la lectura de una sentencia en auto público o particular dependía de la pena a imponer, así como del interés que tuviese el tribunal en darle o no publicidad.

D.3) Plazo para dictar sentencia.- Las decisiones tomadas en la consulta de fe no incluían la existencia de un plazo para dictar las sentencias. El reo en la sala de audiencia era interrogado acerca de lo declarado por él durante el transcurso del proceso, otorgándole la posibilidad de alegar algo en su defensa. En la mayoría de los casos el acusado se ratificaba en sus declaraciones, las firmaba y ante la presencia de los inquisidores quedaba obligado a guardar secreto. En la práctica cada tribunal actuaba conforme a su propio criterio y por tanto los inquisidores no acordaban ni establecían un plazo general para pronunciar sentencia.

D.4) Momento y día aptos para el pronunciamiento.- Las sentencias en causas de fe eran pronunciadas en el transcurso del día, nunca por la noche, a no ser que los inquisidores se vieran obligados a ello por el trabajo y el elevado número de procesos.

En relación con la elección de los días, se consideró que las sentencias debían ser leídas en un día feriado, a diferencia del resto de los tribunales ordinarios.

D.5) Notificación.- Dictada la sentencia llegaba el momento de la notificación a las partes, que era efectuada tanto a la parte acusada como al promotor fiscal, para que ambos pudieran mostrar su acuerdo o desacuerdo con ella. En caso de no ser aceptada la sentencia, podía ser apelada, aunque lo más normal era que fuese aceptada y acatada por el acusado.

D.6) Ejecución.- La ejecución de la sentencia implica el cumplimiento de lo ordenado en ella, cuestión en la que es notable la influencia de la Suprema sobre los tribunales inquisitoriales. Así era preceptivo que tras la celebración de los autos fuera enviada al Consejo una copia de la sentencia. Además para proceder a su ejecución era requisito indispensable la revisión por la Suprema.

Aceptada la sentencia por el Consejo, el tribunal procedía a su ejecución. Cabe afirmar que las sentencias eran ejecutadas en su totalidad, e incluso en aquellos casos en los que el reo era condenado a galeras o a pena de reclusión en algún monasterio, tenemos constancia de la existencia de cartas enviadas por los encargados de la custodia de los reos al tribunal, acerca del cumplimiento íntegro de sus penas.

(Extraído de un trabajo de María del Camino Fernández Giménez)