III.- LOS TIEMPOS DUROS.

Creada la Inquisición por bula de Sixto IV, en 1478, comenzó sus actuaciones tres años después, primero en la Baja Andalucía y después en toda España. Aunque caían bajo su competencia variados delitos, en esta primera fase fue dirigida casi únicamente contra los judaizantes, y con un rigor extremado; puede calcularse que de unos diez mil judaizantes condenados a muerte por la Inquisición en sus tres siglos largos de existencia la mitad lo fueron en el reinado de los Reyes Católicos. Al principio los amenazados de perder vida y bienes, desesperados, tramaron conspiraciones que sólo sirvieron para acentuar el rigor de la represión. En Sevilla, donde eran numerosos e influyentes, el regidor Diego Susán fue el centro de la conspiración; confiaba reunir hombres y armas suficientes para dar un golpe y apoderarse de la ciudad. Este plan descabellado fue, según la tradición, revelado a las autoridades por su propia hija, amante de un cristiano viejo. Susán y sus cómplices fueron entregados a las llamas.

No tuvo mejor éxito el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués, planeado por conversos aragoneses de alto rango; con aquel acto absurdo, dictado por la desesperación, sólo consiguieron provocar la reacción de las masas y acentuaron la durísima represión inquisitorial, no sólo en Zaragoza, donde se cometió el crimen, sino en Teruel y otras ciudades de Aragón. En cambio, en Cataluña, la mayoría de los amenazados se salvaron con una huída a tiempo, de suerte que, por ejemplo, en Lérida, de 123 judaizantes condenados a muerte en un quinquenio sólo fueron ejecutados 5; en Barcelona, en auto de fe celebrado el 10 de junio de 1491, fueron quemados 126 en estatua y sólo 3 en persona.

Hubo, pues, dentro de la tónica general de rigor, bastantes deferencias entre unas regiones y otras, entre la actuación de unos tribunales y otros. Extremadamente duro fue el de Sevilla, que condenó a muerte a un millar de personas entre 1481 y 1524; bien es verdad que su área de actuación abarcaba zonas con gran densidad de población judeoconversa. El de Córdoba, durante los primeros años del siglo XVI, batió todos los records de arbitrariedad y terrorismo por la actuación del inquisidor Rodríguez Lucero, que envió a la hoguera a centenares de desdichados, algunos de las familias más conocidas de Córdoba, bajo la acusación, en la mayoría de los casos falsa, de haber realizado prácticas judaicas. El apoyo que obtuvo del inquisidor general, fray Diego de Deza, le prestó el arrojo suficiente para intentar el proceso del arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, cuya catolicidad era acendrada, aunque tenía ascendentes hebraicos. La sustitución del inquisidor Deza por Jiménez de Cisneros puso un término a las tropelías de Lucero, que había llegado a provocar un levantamiento en la ciudad. Lucero fue procesado y preso durante algún tiempo, pero no pagó sus crímenes, sino que se restituyó tranquilamente a su sede episcopal de Almería.

Los tribunales de Toledo y Valencia, que son de los pocos que conservan la mayor parte de su documentación, también pronunciaron un gran número de condenas de muerte; el de Valencia relajó entre 1485 y 1592 a 643 personas; lo que quiere decir que las entregó a la justicia real para que ejecutara en ellos la pena de muerte; en el mismo intervalo de tiempo, otras 479 fueron quemadas en efigie por haber conseguido ponerse a salvo con la huida. Entre estos condenados, muchos lo fueron por practicar el mahometanismo, pero la mayor proporción correspondía a los judaizantes. En cambio, otros tribunales, como los de Logroño, Llerena y Granada aparecen con cifras sensiblemente inferiores.