¡ESCUELA LAICA, POR DIOS!

Sé que nuestra cultura mantiene en sus costumbres, tradiciones, ritos, mitos y lenguaje impregnaciones de la religión católica. Lo he querido manifestar ya desde el título. Pero en un Estado aconfesional resulta una exigencia ética de primer orden alcanzar la más decidida laicidad. Una de las manifestaciones más lógicas y necesarias de ella es la salida de las clases de religión de las escuelas y de las Facultades de Educación. De clases, símbolos, celebraciones y de cualquier manifestación que lleve a la esfera pública lo que ha de pertenecer al ámbito privado.

Decía Giner de los Ríos que la enseñanza religiosa confesional debería ser excluida tanto de las escuelas públicas como de las privadas, con un diferencia muy natural, a saber: que de aquellas ha de alejarla la ley y de éstas el buen sentido de sus fundadores y maestros. Han pasado más de cien años. Y aquí estamos, con los mismos males instalados en la sociedad. Y en el sistema educativo, con peores males.

Vuelven a la carga las legiones católicas. Hoy se celebra en Madrid una gran manifestación contra la LOE a la que acuden, entre otros, algunos señores obispos. Con su tradicional actitud de tirar la piedra y esconder la mano, dicen que no es la Conferencia Episcopal quien convoca, sino organizaciones laicas. Que ellos no han hablado en las iglesias, sino los laicos. El caso es que apoyan la manifestación (aunque no la convocan, eso no), que envían a sus gentes en autobuses especialmente fletados para la cruzada y que ellos mismos están tras la pancarta, haciendo de la manifestación una procesión ferviente.

La cuestión fundamental de la protesta son las clases de religión, que es lo que les interesa. Vuelven a utilizar una demagogia que ya resulta insufrible. En este país los padres y las madres pueden dar a sus hijos la educación que deseen. ¿O no? ¿Quién se lo impide? El problema reside en la tesis de que sólo van a tener la educación que desean si hay clases de religión en las escuelas. En los países de nuestro entorno, Francia por ejemplo, en que no se imparten clases de religión en las escuelas, ¿las familias no pueden educar a sus hijos según su voluntad?

El artículo 27.3 de la Constitución española está siendo utilizado insistentemente para justificar la oferta obligatoria y evaluable de clases de religión en las escuelas. ¡Cómo se aferran a los artículos legales que les interesan y cómo combaten las leyes que les repugnan! Leyes nacidas de la misma democracia. Voy a plantear a quienes hacen uso de este argumento (yo creo que más que uso es un auténtico abuso) la siguiente cuestión. Una familia de ateos, invocando el citado artículo, exige al Estado que forme, nombre y pague profesores de ateísmo con el fin de que su hijo sea formado según sus deseos. Esas clases tendría que pagarlas, entre otros, quienes defienden apasionadamente sus derechos de creyentes. A esos profesores los nombraría y despediría una instancia muy bien asentada en los presupuestos del ateísmo. (En la Universidad de Oxford se creó hace ya mucho tiempo la primera cátedra de ateísmo). Una instancia similar, pongamos por caso.

Añadamos otro factor a la suposición. Esa cátedra de ateísmo (que contrataría y despediría a los profesores de ateísmo) "sugeriría" a los docentes que le entregasen el 2% de su sueldo. ¿No se podría llamar a esa forma de recaudación, como ya se está haciendo, "impuesto revolucionario"?. ¿Cómo es posible que el contratador (de quien depende un trabajo codiciado) le sugiera al contratado que entregue "libremente" una parte de su sueldo?

También tendría que tener profesor quien quiere educar a sus hijos en la filosofía budista. O en las creencias de hare-crisna. O en la filosofía zen. Tantos profesores como creencias. Tantas clases como demandas de las familias. Imposible. Los obispos dicen que hay una mayoría de padres y madres que deseen las clases de religión. En los países en que los católicos son minoría, el argumento es justamente el inverso. Las minorías tienen en ese caso, sus derechos inviolables. Es que son "los buenos"

He de decir que no niego el derecho (y la obligación) de los padres de formar a sus hijos según sus presupuestos morales y (si los tienen) religiosos. Lo que niego es la interpretación del artículo 27.3. ¿Por qué deducir que la formación religiosa exige que haya clases, que esas clases estén en las escuelas, que esa formación sea académicamente evaluable, que esas clases las paguen los ciudadanos? ¿Me podría decir alguien que, en virtud del artículo 27.3 tenemos que destinar del erario público, de forma obligatoria, fondos para que los católicos viajen a Roma, o al santuario de Lourdes o que debemos poner una línea de autobuses para ir gratuitamente a la misa dominical?

Sólo alguien que carece de respeto hacia su propia religión puede consentir en insuflarla irracionalmente y por procedimientos mecánicos a niños que no la pueden entender. De esa forma aumentan sus clientes, no sus creyentes,
dice Francisco J. Laporta en un artículo publicado en El País. Yo no sé lo que contestan los señores obispos a un creyente y teólogo tan acreditado como Enrique Miret Magdalena cuando dice: se impone que, si queremos vivir en un país democrático, donde se fomente desde la escuela la tolerancia y la cultura plurales, y que aprendamos desde niños la convivencia de convicciones, no hay más remedio que volver al estudio de ese amplio panorama cultural-religioso del que está impregnada nuestra civilización, dejando la transmisión de la fe católica a la familia, la Iglesia y los grupos católicos. (El País, 10 de octubre de 1999).

Hay que salvaguardar los principios que deben regular la institucionalización de la libertad de pensamiento y de expresión en materia religiosa., a saber: que toda fe o confesión religiosa es atributo de una conciencia individual, nunca de una entidad colectiva, sea del tipo que sea (sociedad, pueblo, estado, asociación). Y que sólo los individuos son auténticos sujetos de derechos en cuanto se refiere a su conciencia libre de coacción y, por consiguiente, a sus ideas, convicciones y concepciones del universo y del ser humano.

Yo vivo este problema muy de cerca. En la Facultad de Ciencias de la Educación (¡en una Universidad!) se ofrece por mandato concordatario la asignatura de Doctrina Católica. ¿Cómo es posible que un Concierto con un país extranjero imponga criterios al formalizar el curriculum universitario? ¿Por qué no hace España un concierto con Grecia y aumentamos las horas de Filosofía?

Lo que debería hacer el Gobierno es andar con menos contemplaciones, denunciar el Concordato de 1979 y decir de una vez que este es un país aconfesional y que la escuela tiene que ser una institución laica. Y se acabó. Claro que, si esto hiciera, se le acabaría también la posibilidad de seguir gobernando. No podemos olvidar que son mayoría. Algunos, cuando se les retiran los privilegios, empiezan a decir que están siendo perseguidos. Ya está bien.

Miguel Ángel Santos Guerra. Afiliado al Sindicato de Enseñanza de Málaga. La Opinión de Málaga (12-11-2005)