EL LAICISMO, PRINCIPIO INDISOCIABLE DE LA DEMOCRACIA

Si admitimos, como luego se verá, que el laicismo es un principio indisociable de un sistema político verdaderamente democrático, resulta sorprendente que multitud de gentes, y a veces muy cultivadas, ignoren realmente su esencia y sus consecuencias. Esta ignorancia, o bien su ausencia en el sistema jurídico que debiera incorporarlo inequívocamente, revela la regresión intelectual que sufren hoy los políticos y los legisladores que a toda hora se llenan la boca -en este aspecto y en otros no menos graves- con la palabra "democracia". El principio laicista postula, en cuanto señal y cifra de la modernidad como hito histórico irreversible del autoconocimiento y la autoliberación del ser humano, la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado en favor de cualquier fe religiosa que aspire a "institucionalizarse" en forma de ente público al servicio de alguna supuesta revelación sagrada o mandato divino.

Vinet nos brinda un riguroso asiento teórico del laicismo como elemento necesario para la legitimación del sistema democrático de libertades. Su esquema conceptual es tan lúcido como consistente, aun reducido a este enjuto núcleo: la sociedad como tal no puede tener religión. "Si la sociedad tiene una religión -escribe Vinet-, es que tiene conciencia, ¿cómo prevalecerá la conciencia del individuo contra la de la sociedad? Sólo con su conciencia se enfrenta el hombre a la sociedad (...) Es imposible oponer soberanía a soberanía, omnipotencia a omnipotencia, imposible suponer que de todas las conciencias individuales y diversas resultaría una conciencia social (...) No, si la sociedad tiene una conciencia, lo es a condición de que el individuo no la tenga, y ya que la conciencia es la sede de la religión, si la sociedad es religiosa, el individuo no lo es". Como quiera que es incuestionable que solamente el ser humano como individuo psicofísico, la persona física, posee el atributo óntico de la conciencia y la autoconciencia, sólo él puede ser religioso o profesar una fe. Este sencillo teorema laicista de Vinet está saturado de consecuencias teóricas y prácticas.

Frente a la ominosa tradición católica y a los desarrollos organicistas de los totalitarismos de nuestro tiempo, es urgente, en aras de la libertad, afirmar con energía que sólo existe un ser dotado de conciencia, y ese ser es el individuo humano. Al no existir ni mente colectiva, ni conciencia societaria, sólo el portador singular y único de una mente puede poseer conciencia y albergar en la intimidad de ese fuero interno sentimientos y convicciones de orden religioso, es decir, relaciones con supuestas instancias de carácter sobrenatural. Así, sólo el individuo es, en último término, sujeto de derechos, y cualesquiera otros titulares de derechos lo son en cuanto imputables a los individuos. Es en el ámbito de la privacidad donde se configura la personalidad moral y jurídica del ser humano. La sociedad como tal no puede pensar, ni tener conciencia, ni poseer derechos en virtud de su propio estatuto ontológico colectivo. Sólo metafóricamente, y como reunión de individuos, es posible atribuir personalidad jurídica a las asociaciones, empleando al efecto una "fictio mentis", y específicamente, en cuanto sujetos de derechos, una "fictio iuris". Son "personas" exclusivamente "per analogiam", pues los individuos que las constituyen son los únicos entes "imputables" y protagonistas del sistema jurídico. Como las sociedades no pueden tener religión alguna, tampoco pueden tener institucionalización alguna como unidad funcionalmente religiosa en la "res publica". Perteneciendo ontológicamente la religiosidad al ámbito de los privado, los poderes públicos en general, y a su cabeza el Estado, o en su caso la comunidad internacional, carecen "ex natura" del atributo de la religiosidad, así como de cualquier tipo de convicciones que habiten el espacio de la conciencia. Es ésta la premisa fundadora del laicismo.

Escribe Lecler -aunque a fin de combatirlo-: "para el liberalismo, la religión es un asunto privado, individual". Este axioma del laicismo tiene su inmediato corolario en la pluma del mismo Lecler: "Una Iglesia no es una institución pública, sino una simple asociación de creyentes. No puede, pues, hacerse de ella una sociedad perfecta, concurrente y rival de las potencias temporales (...) Simple agrupación de conciencias religiosas, no depende en nada del poder civil; sólo le pedirá que le deje vivir, solamente con las condiciones requeridas para el mantenimiento del orden público". Como cualquier otra asociación de individuos, de ciudadanos: desde una asociación de ateos hasta una asociación literaria, científica, espiritista, deportiva... En el espacio público es preciso practicar, como regla usual, un relativismo metodológico como premisa de la tolerancia de quien admite que otro pueda tener razón, aunque en el fuero recóndito de su conciencia tenga la convicción de estar en posesión de la verdad. Por lo demás, el creyente tiene el pleno derecho a difundir su peculiar verdad. Pero sin reclamar privilegio alguno para su actividad proselitista en el plano convivencial de la privacidad y sin invadir el ámbito de lo público. El concepto de un Estado laico no admite ni la práctica de persecuciones políticas o administrativas contra iglesia o asociación civil alguna que se someta a las normas del Derecho civil común, pero tampoco consiente la concesión de mercedes o privilegios. Concluyendo su comentario al teorema laicista de Vinet, señala Lecler enfáticamente que un estado auténticamente laico "no conoce a las Iglesias más que para tutelarlas, lo mismo que a otras asociaciones privadas, según las reglas del derecho común". Las religiones no pueden ser entes de Derecho público.

La Iglesia católica, que siempre ha sido y es el más recalcitrante adversario del laicismo y que se presenta de modo arrogante como una "societas perfecta" y superior a los Estados por la suprema misión de extenderse hasta el último rincón de la tierra para predicar la Verdad absoluta y definitiva que le fue revelada en el proceso de la Heilgeschichte (historia de la salvación), se ha ido amoldando a los aires de la modernidad, renunciando frecuentemente a la idea de Estado católico, pero solamente "in verbo", nunca "in pectore", y aprovechando siempre la ocasión que pudiera surgir. Ha tenido que aceptar, por siguiente, un régimen de separación del Estado, pero procurando que esta "separación" no sea absoluta y estricta, sino solamente relativa y limitada. Lo que la teología católica formula como un régimen de cooperación armoniosa entre un poder público de orden espiritual (Iglesia) y un poder público de orden temporal (Estado), mas con una cierta preeminencia moral de la Iglesia en materias que afecten a los fines espirituales del ser humano. La mencionada "cooperación armoniosa" alcanza en Estados de fuerte tradición católica niveles y matizaciones diversos. En España puede decirse que actualmente impera una cuasiconfesionalidad, un criptoconfesionalismo o una confesionalidad "de facto". En todo caso, una manifiesta violación de la estricta separación de la religión y la política, según exige el laicismo genuino. En mis libros Elogio del ateísmo (1995), Ateísmo y religiosidad (1997) y Opus minus (2002) hay un amplio desarrollo y compleción de lo tratado en este artículo, en el cual me veo obligado a omitir el tema capital de la enseñanza y la escuela en un sistema laicista.

(Extraído de un artículo de Gonzalo Puente Ojea. Artículo completo en Europa Laica).