COMO EN EL PASADO.

Hay que remontarse a la década de 1930 para encontrar un antecedente a la presión ejercida por la jerarquía de la Iglesia católica sobre los creyentes de su misma fe y sobre altas instituciones del Estado contra una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. La llamada a la sedición que contiene el último comunicado de la Conferencia Episcopal, la obligación impuesta a los católicos que ejercen funciones públicas de desobedecer la ley y la inconstitucional pretensión de que el jefe del Estado aduzca un supuesto derecho a la objeción de conciencia para no rubricarla, son fenómenos desconocidos en España desde los años de la República y resucitan, por el mero hecho de su existencia, el clima de aquellos años. Nada similar ocurrió durante la larga dictadura y nada de esta especie se atrevió la Conferencia Episcopal a sugerir durante el cuarto de siglo que llevamos de democracia.

La gravedad de esta insólita iniciativa, reforzada desde el Vaticano por un cardenal que denuncia la existencia en España de un Estado totalitario, no es un fenómeno aislado en la actual coyuntura política. En el mismo Congreso de los Diputados se han pronunciado estas semanas palabras que reproducen exactamente las acusaciones que la derecha de los años treinta la derecha organizada por la jerarquía católica bajo la denominación de Acción Popular- dirigía al Gobierno de coalición republicano-socialista. Según el presidente del Partido Popular, el actual Gobierno de la nación ha dejado caer a España en el cantonalismo, pagando así el chantaje al que le somete una minoría nacionalista y radical, una acusación que en esos o parecidos términos se hartaron de formular los diputados de Acción Popular en el Congreso de la República. El Gobierno, dice Rajoy, reniega de la idea de España, ha puesto a España en almoneda y ha traicionado a los muertos.

Una ley que carecía del carácter de verdadera ley por hallarse "en contradicción con la recta razón y con la norma moral" justificaba el derecho a la rebelión que, según la Iglesia, asistía a los católicos contra las injustas leyes de la República: injusta es el calificativo que los obispos aplican hoy, no por casualidad, a la ley de matrimonio entre homosexuales. Pero si a la injusticia de una ley se añade la traición a unos muertos, y, por tanto, a España, entonces el derecho a la rebelión no se queda en mera proclama, sino que empieza a marcar con sangre la dirección de una política. Este Gobierno, deslegitimado ya en origen, prisionero y chantajeado por sus socios, legisla ilegítimamente y vende a los enemigos, por un puñado de monedas, una España que tanta sangre ha derramado. A este lenguaje hemos llegado.

¿Qué se pretende, adónde se dirige esta política? Por parte de la Conferencia Episcopal, está claro: ya que nadie pone en discusión el carácter semiconfesional del Estado en lo que se refiere a la financiación de la Iglesia a cargo de los Presupuestos Generales, demos un paso más y aclaremos que el Estado tampoco puede ser plenamente aconfesional en sus iniciativas legislativas y en su política educativa, sometidas a la "recta razón y al orden moral" de los que la Iglesia es única depositaria. Por parte del Partido Popular, tampoco es muy complicado discernir la dirección en la que, tras un periodo de iniciales titubeos, se ha metido de hoz y coz: adueñarse de lo que llama una idea de España; bloquear, en nombre de esa idea convertida en esencia, cualquier reforma; aislar al partido socialista acusándole de cesión al chantaje nacionalista, jalear a la extrema derecha y...

Y que salga el sol por Antequera. Tras un periodo de desgarradas acusaciones, con una rampante incertidumbre ante los anuncios apocalípticos sobre la desaparición de España, con la amenaza de un deterioro de la paz pública por el despertar de movimientos xenófobos, con una emisora de radio dedicada las veinticuatro horas del día a diseminar injurias y mentiras, el terreno estará abonado para lo que se sueña como un retorno triunfal.

Sobre la devastación a la que nos conduce este lenguaje, no será difícil alumbrar unas cuantas hogueras. Que el presidente del Partido Popular haya perdido la cordura de la que en no pocas ocasiones ha hecho gala quiere decir que se ha convertido en el protagonista más visible de esta política suicida.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno no perdería el tiempo si limpiara de frases vacías sus discursos y, en el lugar así despejado, transmitiera a la opinión qué se propone hacer en las cuestiones fundamentales y con qué recursos cuenta para satisfacer las expectativas por él mismo levantadas.

EL PAÍS - Junio 2005