LA GUERRA DE LOS OBISPOS.

Cayó Aznar por el indignado voto popular ante las hazañas bélicas y éticas de su partido, y el Gobierno demócrata del presidente Zapatero se puso enseguida a reparar sus daños, retirando tropas y restableciendo principios constitucionales vulnerados o ignorados. A los marramiaus del PP en la oposición se ha sumado ahora la Conferencia Episcopal, dando pie al señor Rajoy para llamar necio al presidente del Gobierno por enfrentarse no sólo a un Bush vencedor y a unos jueces al servicio demostrado del PP, sino a la misma Iglesia, la cual, Acebes dixit, "tiene motivos para sentirse agredida" al atacar el Ejecutivo socialista "principios, valores y convicciones de una gran mayoría de españoles". El arzobispo Sebastián, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, se queja de que quienes propugnan una sociedad laica "sin ninguna referencia religiosa ni moral" vean a "la Iglesia y a los católicos como un peligro para una sociedad verdaderamente democrática". Y, claro está, ante un laicismo anticlerical" tan agresivo,
los obispos, por primera vez desde la República y la guerra incivil de hace 70 años, reparten millones de folletos contra la eutanasia; promueven firmas contra la reforma educativa; convocan a manifestaciones caflejeras contra la despenalización del aborto, el divorcio rápido, el matrimonio homosexual, la investigación de células madre con fines terapéuticos, la eutanasia y... a favor de una mayor financiación por parte del Estado.

Esta guerra preventiva o defensiva de los obispos pone de relieve una vez más la grave confusión que nos imponen entre sus decisiones la Iglesia como tal y los católicos de este país, confusión paralela a la tradicional identificación de sus opiniones con la doctrina cristiana y ésta, a su vez, con la dogmática moral de pretendido origen divino. Sin embargo, es evidente que la Conferencia Episcopal no es ni mucho menos la comunidad de creyentes en Cristo ni todos ellos están en contra de los proyectos gubernamentales, como demuestran, no ya las encuestas de opinión, sino los altos porcentajes de votos que los socialistas reciben de gente cristiana desde hace tiempo por creer precisamente más evangélico, promover, como manda la Constitución, la libertad y el desarrollo de la persona humana sin discriminaciones ni privilegios, que oponerse a ello usando el nombre de Dios no sólo en vano, sino en blasfemia. Los ciudadanos, católicos o no, que apoyan proyectos en ese sentido no atacan a la iglesia ni a los católicos como totalidad, abusivamente identificada con la opinión de unos jerarcas. Es imperdonable acusarlos de pretender crear una sociedad laica, que, por serlo, no tendría referencia religiosa o moral alguna, como si no cupiera otra moral o religión que la prescrita, según la peculiar y, a mi juicio, herética interpretación de los obispos. La actual Conferencia Episcopal, heredera del nacional-catolicismo preconciliar, ve el cumplimiento por el Gobierno de ciertos derechos de los ciudadanos como un acto anticatólico, al igual que el PP heredero del franquismo tacha de antiespañol a quien se le opone. La Conferencia Episcopal se vincula de ese modo, con la excusa de su deber pastoral, a la política de los grupos más conservadores y reaccionarios que en España y en Estados Unidos esgrimen al Dios cristiano para sus cruzadas particulares, su manipulación de las conciencias y sus negocios terrenales.

Ahora bien, la realidad es que no todos los obispos se alinean con esta política de la Conferencia Episcopal ni es apoyada o seguida por gran parte de párrocos, teólogos y religiosos, amén de organizaciones del laicado vinculadas a tareas sociales y humanitarias. Por ejemplo, las diócesis catalanas y vascas ignoran las firmas contra la reforma educativa. En lo que afecta a la financiación de la Iglesia, un reciente documento de 35 teólogos ha recordado el deber de pobreza y de renuncia a privilegios que impone, en un sentido general que afecta también a las cuestiones económicas, la constitución pastoral "Gaudium et spes" del Concilio Vaticano II: "La Iglesia no pone su esperanza en privilegios ofrecidos por la autoridad civil; más aún, renunciará al ejercicio de algunos derechos legítimamente adquiridos si le consta que su uso pone en duda la autenticidad de su testimonio o que las nuevas condiciones de la vida le exigen otra ordenación".

Para que tuviera razón el señor arzobispo que niega que los católicos sean un peligro para la verdadera sociedad democrática, tendría que distinguir entre los que la construyen con reformas como las criticadas por él y los que efectivamente la impiden, es decir, aquellos miembros de la Iglesia católica que, desde su jerarquía o desde el Gobierno y ahora en la oposición (algunos, de notoria filiación religiosa), confunden de forma totalitaria, integrista y contraria a la pluralidad y libertad de las personas sus ideas e intereses con los de Dios o la patria. Son los mismos que lanzan a las llamas del infierno a quienes, ya sean creyentes, agnósticos o ateos, denuncian esa confusión y lo anticatólico de su actitud por civismo y con más espíritu cristiano que los nuevos fariseos. Son los mismísimos que ahora combaten unas reformas que se hacen con el único propósito de hacer más humana la vida social y combatir discriminaciones privilegiadas como la que se practica con la Iglesia católica respecto a las restantes iglesias cristianas u otras religiones. Siguen siendo los mismos que, desoyendo a su sumo pontífice, fueron a la guerra de Irak y, desoyendo a su conciencia, mintieron más de tres veces. Es harto significativo que la última encuesta del CIS señale, junto a la televisión, a la Iglesia católica como la institución en la que menos confían los españoles (el 61,51%). ¿No es suficiente motivo de meditación para quienes pretenden ser sucesores de los apóstoles o "caballeros cristianos" sin miedo y sin tacha? Para los sencillos creyentes, la Iglesia cristiana universal está en otra parte: en el día a día a favor del ser humano, disuelta y llena de sazón como sal de la tierra.

J. A. González Casanova "EL PAÍS" 10-11-04)