LIGLESIA FRENTE A DEMOCRACIA.

No es infrecuente que un dictador o un gobernante corrupto, al ser acusado de sus desmanes, pretenda identificarse con el pueblo al que expolia, afirmando que los ataques que recibe están en realidad dirigidos contra todo el país, y él, pobre víctima, sufre inmerecidamente en su nombre.

Es sorprendente que algunos jerarcas de la Iglesia católica española utilicen argucias similares y quieran hacernos creer que las críticas a la Iglesia están dirigidas en realidad contra los católicos.

Así, el obispo de Tudela y arzobispo de Pamplona, Femando Sebastián, afirmaba recientemente que hay "personas e instituciones que consideran a la Iglesia y a los católicos como un peligro para una sociedad verdaderamente democrática". Vayamos por partes: a los católicos no, a la Iglesia sí. Y, de hecho, hay católicos que comparten esa opinión.

¿Es tan sorprendente esa desconfianza? Para el arzobispo de Pamplona, sí, pues según él los principios de la vida democrática están enraizados en el cristianismo. Nueva mezcla sutil de conceptos que desvirtúa la historia. Una cosa son los valores cristianos y otra los dogmas y comportamientos de la Iglesia. De hecho, los principios democráticos -pongamos por ejemplo la libertad, religiosa y la de expresión, la igualdad ante la ley, el principio de una persona un voto y un largo etcétera- se impusieron sólo tras vencer la resistencia de la Iglesia católica, y muchas veces tuvieron que verter su sangre cristianos y no cristianos para conseguirlo.

Pero la desconfianza frente a la Iglesia católica, al menos la mía, no proviene de razones históricas. Aunque es verdad que la Iglesia ha sido particularmente pertinaz a la hora de apoyar a dictadores y bendecir matanzas, también lo es que no hay país, religión ni ideología que no haya derramado sangre en nombre de principios en sí muy valiosos. Mi recelo está basado en la actitud de la Iglesia hoy.

Ante un Gobierno, como el que preside José Luis Rodríguez Zapatero, que no sirve a sus intereses, ha lanzado una ofensiva en la que afloran hábitos que uno creía desterrados: un obispo, el de Ávila, Jesús García Burillo compara la situación en España con la provocada por un golpe de Estado, estableciendo una muy voluntaria asociación con su posible ilegalidad; otros prelados amenazan con catástrofes de proporciones bíblicas si deja de protegerse a la familia -aunque algunos creemos que el Gobierno la está protegiendo, pero no a un sólo tipo de familia sino a los distintos tipos existentes-; otro obispo, el de Alcalá de Henares, Jesús Catalá, saca del cajón la homofobia más apolillada para manifestar públicamente que "ser homosexual es una anormalidad psicológica".

No sería lícito juzgar una institución por las estupideces que digan unos pocos de sus representantes, y sin duda la Iglesia católica española cuenta con prelados de más luces que el obispo de Alcalá de Henares -por cierto, sería interesante preguntar a un hombre tan ducho en psicología si también el celibato es una anormalidad psicológica, y ya puestos, si atenta más o menos contra la familia que la homosexualidad-.

Pero da la impresión de que no estamos ante hechos aislados y de que buena parte de las autoridades eclesiásticas considera que todo vale para evitar que la Iglesia católica ocupe en nuestra sociedad el lugar que le corresponde: el de una institución religiosa que puede dictar normas y recomendaciones a sus creyentes, defender sus derechos ante cualquier Gobierno y hacer las observaciones que consideren oportunas sobre asuntos de importancia social. Cosa muy diferente es aferrarse a privilegios económicos, insistir en influir en la educación de los no católicos, interpretar como un atentado a la moral cualquier intento de establecer normas de convivencia que no encajan con la doctrina católica y crear un clima de enfrentamiento enconado para debilitar al Gobierno.

Es este conjunto de reacciones poco acordes con la democracia, y preocupantes para muchos católicos, el que nos hace pensar que la Iglesia preferiría un régimen que coartara las libertades de los demás siempre que ella saliese beneficiada.

La mejor manera de convencernos de lo contrario no es mediante el victimismo barato ni mediante la demonización de quien no acepta su magisterio. Para poder presumir de credenciales democráticas, lo más eficaz sería que la Iglesia católica defendiera los derechos de los demás -también los de los homosexuales- con tanto ahínco como hoy defiende sus propias prerrogativas.

(José Ovejero. EL PERIÓDICO. 30-10-2004)