Hace unos días, el Canal 33 de Cataluña emitió un documental titulado EL VATICANO Y LOS DELITOS SEXUALES, que tuvo que remover la conciencia de los que no están ciegos. Los ciegos son los que, a pesar de todo, siguen defendiendo a una Iglesia indefendible y miserable hasta el paroxismo.

Un documental que resulta de la intensa labor de investigación en cámara oculta de manos de un equipo de la BBC, para descubrir cómo el Vaticano y el Papa Benedicto XVI constituyen el núcleo de una política internacional que pretende cubrir el abuso sexual a menores por parte de la Iglesia Católica.

El programa profundiza en la investigación de un importante documento conocido como Crimens Sollicitationis. Un documento secreto que resume el procedimiento a seguir por los sacerdotes frente a posibles alegaciones de abuso sexual a menores en contra de la Iglesia Católica. Crimens Sollicitationis fue escrito y distribuido por primera vez en 1962; y hacía jurar a todos los obispos católicos mantener el secreto sobre cualquier asunto en relación a este tipo de alegaciones, bajo pena de excomunión. Recientemente, en el 2001, el cardenal Joseph Ratzinger lo volvió a distribuir a todos los sacerdotes.

Por otra parte, el documental denuncia varios casos que han concluido con la exportación de algunos curas acusados de abuso infantil en el mundo desarrollado, hacia los sacerdocios sudamericanos y el mundo subdesarrollado. Estos traslados, realizados bajo la autoridad del Vaticano, han permitido que algunos de estos curas sigan cometiendo delitos sexuales.

Un periodista tan poco sospechoso de extremismo como Josep Maria Espinàs es uno de los que se han visto afectados por tanta incuria mafioso-clerical. Hoy publica el siguiente comentario en EL PERIÓDICO:

Cuando la protección es inmoral

He visto en el programa 60 minutos, de Canal 33, un reportaje que me ha dejado angustiado e irritado. Su título: El Vaticano y los delitos sexuales.

En él aparecían algunos eclesiásticos culpables de ese tipo de delitos y también algunas víctimas. No es nada agradable escuchar cómo un sacerdote explica que prefería a los niños delgados --objeto de las tres cuartas partes de sus agresiones, la otra cuarta parte eran niñas--. Y detallar cómo actuaba para lograr lo que quería. También estremece el testimonio de una madre brasileña, católica ferviente, que recuerda el día en que su niño de 5 años llegó a casa y le dijo: "Mamá, ya sé cómo se hace el amor". Ahora el niño, que ha crecido, dice que quiere morirse.

Entiendo que algunos sacerdotes, igual que algunos seglares, tengan impulsos sexuales --¿no son hombres?-- y que a veces les lleven a la criminalidad. Pero lo que me parece imperdonable es el secretismo del Vaticano. Un secretismo organizado. Un antiguo agente de este secretismo afirma en la televisión que se han llegado a pagar siete millones de dólares para silenciar un caso de abusos sexuales.

Parece ser que últimamente uno de los organismos que más trabaja en descubrir estos delitos es, en EEUU, el Consejo Nacional de Inspección. Pero es una tarea difícil por los mecanismos de autoprotección que tiene Roma. El fiscal de Phoenix declara que nunca había visto tanta ocultación de unos hechos y detalla con qué obstáculos se encuentran las investigaciones de los jueces.

El entonces cardenal Ratzinger había dicho que todas las acusaciones se comunicaran al Vaticano, pero los denunciantes dicen que nada ha cambiado. Hay obispos que saben perfectamente qué ocurre en sus diócesis, pero la imagen de la Iglesia tiene mucha importancia, es un tema "delicado". Es lógico, pues, pero triste, que no proporcionen terapias de apoyo a las víctimas.

Pero lo que más me irrita es que la supuesta solución de los casos descubiertos sea sistemáticamente el traslado del agresor. En el 60 minuts se decía que hay sacerdotes pedófilos refugiados en el Vaticano, pero que lo habitual es enviarlos a otro pueblo u otro país. ¿Es imaginable que la justicia civil, al descubrir un violador, solo lo aparte del lugar donde ha cometido el delito y lo envíe a otra población? ¿Y que, además, oculte a la gente que lo recibe que es un delincuente?

Hay un deber moral que, si no se cumple, tiene graves efectos: la transparencia.